Noticia publicada en el Listín Diario
El tema de la Seguridad Vial en la Republica Dominicana se ha convertido en una prioridad como política pública, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en un informe realizado en el 2018, sobre Seguridad Vial en las Américas, arrojó que la Republica Dominicana es el segundo país con mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en la región (34,6 fallecidos por cada 100 mil habitantes) y el 5to a nivel mundial; lo que representa una alta mortalidad en usuarios vulnerables de las vías públicas encabezados por motociclistas (67%), peatones (17%) y ciclistas (1%), que en conjunto representan el 85% de esa mortalidad; contrario a como ocurre en otros países donde esa mortalidad representa el 49%. El Plan Global del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, asumido en la resolución 74/299 de la ONU, se plantea reducir esa mortalidad y los lesionados en un 50% al concluir la presente década.
El Dr. Amado Alejandro Báez, profesor, egresado distinguido e Investigador de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), junto al Dr. Ramón Leonel Ureña, especialista en Medicina Familiar, expresaron; que en el contexto de Seguridad Vial no solo debe enfocarse como una problemática independiente, sino como un componente multifactorial y multisectorial integrado de muchas agendas, de ahí la participación de múltiples actores políticos, económicos, sociales y ambientales para su implementación; lo que obliga a un compromiso del gobierno, sector privado, medios de comunicación, las academias o universidades, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, sindicatos de choferes, compañía de transporte público, privado y de carga, gremios del sector salud y otras partes interesadas en la priorización e implementación de políticas públicas que posicionen a la Seguridad Vial como motor clave del desarrollo sostenible.
También indicaron que la multiplicidad de actores cada uno con recursos y capacidades e intereses muy particulares obliga al consenso a la hora de elaborar estrategias para lograr impactar los estragos que la siniestralidad vial produce en la Republica Dominicana, con una alta mortalidad y lesiones en personas jóvenes, congestión vehicular en las vías públicas, gastos desmedidos en la asistencia que presta el sistema de salud ( del 3 al 5% del PIB), pobre gestión de ejecución de las agencias responsables de la Seguridad Vial, tránsito y movilidad, y el daño al medioambiente producto de la emisión de gases de efecto invernadero; lo cierto es que el tema de la seguridad vial y las políticas públicas implementadas por el gobierno no escapan a situaciones de conflictos e ingobernabilidad entre los diferentes actores que interactúan en la problemática
El gobierno a través del INTRANT y como parte de su política de seguridad ciudadana y vial ha dispuesto la regularización y registro de las motocicletas, lo cual ha sido rechazado por las asociaciones de motociclistas por el cobro irregular de impuestos.
Todo este accionar del gobierno y partes interesadas buscan impulsar y consensuar políticas públicas encaminadas a una mejor movilidad y seguridad vial que pueda disminuir la alta siniestralidad vial en un ambiente de concertación y paz para garantizar la gobernabilidad en este aspecto de la vida institucional de la Republica Dominicana.
En el tema de seguridad vial el gobierno y la sociedad en sentido general tiene muchos retos que afrontar; son múltiples las situaciones que generan conflictos en el tránsito, la movilidad y la seguridad de los ciudadanos. Dentro de las más notables y constantes fuentes de disgustos y enfrentamientos entre los actores que inciden en la problemática están:
- Aumento del parque vehicular sin control ni criterios con 300 mil unidades cada año (6% anual) que agrava el congestionamiento de las vías públicas, cada vez más limitadas y estrechas, provocando fuerte en taponamientos, retrasos y mucha irritación entre los transeúntes causas frecuentes de protestas y violencia física y verbal.
- Transporte público deficiente, basada en carros livianos que dificultan y limitan el transporte de la población hacia centros de trabajo o estudios.
- Falta de fiscalización para el cumplimiento de las normas de tránsito, provocando fricciones entre las autoridades y los ciudadanos.
- Usuarios vulnerables de las vías públicas (motociclistas, peatones y ciclistas) totalmente desprotegidos, presentando una alta mortalidad o lesiones.
- Baja calidad en las respuestas a la asistencia médica en caso de accidentes en calles y carreteras.
- Gestión deficiente de las agencias encargadas de la SV a nivel nacional y local, incluido temas como el medio ambiente y género.
Ante la complejidad del problema y limitaciones de recursos se impone un compromiso de nación donde todos los sectores aporten en su solución, estableciendo las prioridades pertinentes.
Temas como la masificación y colectivización del transporte en inversiones para desarrollar rutas de autobús, tranvías, metros, teleféricos se plantean como solución. Elaboración de políticas públicas para la protección de los usuarios más vulnerables de las vías públicas (Plan de Motociclistas, Plan para Peatones, entren otros). Reglamentaciones para vehículos y carreteras cada vez más seguras; así como una policía de tránsito (DIGESSETT),cada vez más capacitada y equipada, también se requiere de planes de educación vial y una respuesta rápida ante la ocurrencia de siniestros viales en las carreteras que están dentro de las medidas a corto, mediano y largo plazo.
El Sistemas de Atención al Trauma y la Salud Pública
Según estadísticas recientes de la Organización Mundial de la Salud, la República Dominicana ocupa la primera posición en el mundo en tasa de mortalidad ocurrida por accidentes de tránsito con 64.6 muertes al año por cada cien mil habitantes.
La República Dominicana en los últimos años ha visto grandes avances en temas de atención de emergencias, pero el trauma sigue siendo la principal causa de morbilidad y mortalidad en edad productiva, resultando en el más alto impacto socioeconómico. Estudios demuestran que este impacto socioeconómico del trauma es aún mayor en países de medianos ingresos, de forma que la oportunidad y los beneficios de una real organización son mayores en países como República Dominicana. Se ha demostrado que la inversión en organización de sistemas de trauma y habilitación de centros de trauma regionales articulados con el sistema prehospitalario (y elementos comunitarios) tiene un importante retorno de inversión con una costo-utilidad superior, dado el impacto directo en años de vida ajustados a calidad.
Con el liderazgo de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), el proyecto Trauma RD, se lanzó en el año 2019, desarrollando una plataforma “Think Tank Social” integrando actores públicos y privados nacionales s e internacionales, para trabajar de una forma colaborativa una agenda comprensiva que ayude a formular soluciones para abordar el muy importante problema de la salud pública que representa el trauma en la República Dominicana.
Los profesionales que integran el grupo Trauma RD destacan la urgencia de establecer un sistema nacional de trauma; más 3 mil personas han firmado la Declaración de Punta Cana (DPC): Compromiso Creación de un Sistema Dominicano de Trauma colgada en la plataforma virtual Change.org donde se hace una descripción detallada del proyecto donde la agenda Trauma RD propone inicial la creación de un Comité Nacional de Trauma (CNT). El cual sería idealmente con colaboraciones público-privadas con el objetivo de desarrollar y ejecutar una agenda que permita definir prioridades y trabajar en el desarrollo de un Sistema Integral de Trauma.
El trauma es uno de los principales retos de la salud pública dominicana, con efecto sobre todos sin discernimiento social, racial, religioso ni económico. Al final, el trauma nos ha tocado a todos y de esta forma todos como colectivo debemos actuar y aportar para reducir su carga, social, de salud y económica en nuestra nación.
